“Aprovecharemos el potencial de la farmacia solo si se garantiza la viabilidad de toda la red”

En una entrevista concedida a Diariofarma y centrada en el anteproyecto de la nueva Ley de los Medicamentos, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, advierte de que el texto “pone en juego la sostenibilidad de la red de farmacias” si no se revisa el sistema de precios seleccionados. Aunque celebra que la norma abra la puerta a nuevos servicios profesionales y a la participación del farmacéutico en la primera prescripción, reclama blindar la viabilidad económica de las boticas y aprovechar la ley para extender los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales y la dispensación de fármacos DH en oficina de farmacia.

Pregunta ¿Puede realizar una valoración general del anteproyecto de Ley de los Medicamentos?
Respuesta. Una valoración muy general del anteproyecto permitiría concluir que si no se corrigen ciertos aspectos que pueden tener una enorme trascendencia en la sostenibilidad de la red de farmacias, no servirían de nada los avances profesionales que incorpora. Por ello hemos manifestado nuestra oposición al sistema de precios seleccionados que, además de que puede provocar problemas en el suministro de medicamentos, también perjudicaría a la equidad en el acceso a los mismos y comprometería la viabilidad de farmacias.

P. Empecemos por los aspectos positivos recogidos en el APL. ¿Qué cuestiones consideran que mejora la normativa actual?
R. Valoramos positivamente la incorporación de medidas de desarrollo profesional del farmacéutico, si bien éstas no se deben supeditar a aspectos económicos como hemos señalado. Es decir, solo podremos aprovechar el potencial de las farmacias si garantizamos la sostenibilidad, accesibilidad y viabilidad del conjunto de la red de farmacias comunitarias. Entre los mencionados avances profesionales destaca la posibilidad de actuar sobre medicamentos de primera prescripción en determinadas circunstancias, la participación de los farmacéuticos en comités de coordinación farmacoterapéutica en las Zonas Básicas de Salud, o el reconocimiento a la labor del farmacéutico en la dispensación entre presentaciones equivalentes. Medidas que han venido siendo solicitadas por el Consejo General y que representan un desarrollo de las competencias del farmacéutico y permitirían aliviar la presión que existe sobre la atención primaria.

P. ¿Echan en falta alguna cuestión que se debería haber regulado por ley?
R. Este anteproyecto de Ley, esperado desde hace tiempo, debe aprovechar la oportunidad que representa para establecer las bases para la regulación de los Servicios Profesionales Farmacéuticos Asistenciales (SPFA). De esta manera, se facilitaría el desarrollo e implantación con carácter nacional de estos servicios que ya están en funcionamiento a nivel autonómico, y se facilitaría el acceso a los pacientes en condiciones de equidad. Hay que recordar que los propios pacientes están reclamando que se extiendan estos servicios, pero la realidad refleja que, a pesar de existir ya una amplia cartera de servicios en las farmacias comunitarias, su extensión se produce a un ritmo y con un apoyo institucional muy desigual. Además, es el momento de terminar con el mantenimiento, injustificado desde un punto de vista sanitario, de la dispensación hospitalaria de ciertos medicamentos en el SNS bajo la figura de reservas singulares. Hecho que está limitando la accesibilidad a los pacientes, en muchos casos vulnerables y con una autonomía limitada.

P. ¿Qué cuestiones negativas identifican en el texto?
R. En primer lugar, como ya hemos venido alertando, los precios seleccionados, por su trascendencia sobre el conjunto de la red de farmacias y en especial las más débiles, representan una amenaza. Prueba de ello es que han sido motivo de alegación por un buen número de instituciones del sector como se reflejó, entre otros, en el comunicado que suscribimos junto a Aeseg, Biosim, Farmaindustria y Fedifar.  También hemos alertado de que nos preocupa que el texto traslada al paciente, en ciertos escenarios, toda la responsabilidad en la elección del medicamento. Por ello, hemos solicitado que se revisen estos artículos para garantizar que el empoderamiento del paciente se apoya siempre en el farmacéutico, como experto en el medicamento, para que la seguridad en el uso de los medicamentos no se ponga en riesgo. Es necesario asegurar que la responsabilidad sobre la elección del medicamento de prescripción, una decisión técnica que influye en la salud del paciente, se tome siempre en colaboración con los profesionales habilitados para ello.

P. ¿Qué nos pueden contar de sus alegaciones, tanto las más relevantes como otras de menor importancia?
R. Como viene siendo habitual, las hemos trabajado muy intensamente en el seno del Consejo General el comité directivo y el equipo técnico, con un proceso participativo contando con las aportaciones de todos los colegios de farmacéuticos provinciales y las vocalías de sección. Del mismo ha surgido un extenso y sólido documento con más de 200 alegaciones al anteproyecto.

P. Respecto de los precios seleccionados. ¿Han planteado, como ha hecho la industria, algún modelo alternativo? ¿Cómo y por qué?
R. La mejor solución debe pasar por un modelo consensuado por todo el sector y existen alternativas que puede ser valoradas. Estamos seguros de que existen alternativas capaces de conseguir la misma eficiencia, pero sin comprometer la viabilidad de las farmacias, fundamental para garantizar la equidad territorial en el acceso a los medicamentos.

P. ¿Qué plantean respecto de los servicios profesionales y la dispensación de medicamentos DHDH en las oficinas de farmacia?
R. También hemos hecho alegaciones en este sentido. El anteproyecto representa una excelente oportunidad de terminar con las limitaciones para mejorar el acceso a los medicamentos de diagnóstico hospitalario de uso ambulatorio a través de las farmacias.

P. ¿Han pedido la revisión de aspectos económicos como las aportaciones del RDL 8/2010?
R. Sí, entendemos que, transcurridos quince años desde su entrada en vigor, y una vez han desaparecido las razones coyunturales que dieron lugar a su aprobación, al ser un año de especial incidencia de la crisis económica en nuestro país, es el momento de derogar las medidas de reducción de gasto que se incluyeron en el Real Decreto-ley 8/2010. Hay que aprovechar la ocasión para suprimir estas deducciones, además de por haber desaparecido el momento de crisis económica que las motivó, también porque a la mayoría de los medicamentos inicialmente afectados se les aplica actualmente otro tipo de medidas de racionalización del gasto. Además, se trata de una medida que, en el caso de las farmacias, les afecta por igual a todas, sin diferenciación entre ellas, suponiendo para muchas un esfuerzo económico considerable, poniendo en serio riesgo la continuidad del servicio, con el mismo nivel de calidad y eficiencia, sobre todo en zonas donde las farmacias son, en muchas ocasiones, los únicos establecimientos sanitarios al alcance de los ciudadanos.

P. ¿Cómo valoran la disposición del Ministerio al diálogo?
R. Muy positivamente, mantenemos un contacto fluido y constante, en especial a través de la dirección general de Cartera y la secretaría de Estado. Ya estamos trabajando con ellos en nuestras propuestas para que no solo se escuchen, sino que se atiendan nuestras peticiones ya que mejorarán la prestación farmacéutica a los ciudadanos.

P. ¿Son optimistas con que se recojan sus peticiones?
R. Existe sensibilidad por incorporar muchas de nuestras solicitudes y esperamos que se recojan, en especial aquellas dirigidas a garantizar la sostenibilidad de la red de farmacias, por los farmacéuticos, pero sobre todo por los millones de ciudadanos a los que se garantice el acceso a los medicamentos y a los servicios que ofrecen, en especial, en las zonas más vulnerables y rurales.

P. ¿Qué otras cuestiones le gustarían destacar?
R. Terminar con la misma filosofía que venimos defendiendo desde el inicio. Sólo una farmacia accesible y económicamente viable permitirá aprovechar el potencial de la profesión farmacéutica al servicio del Sistema Nacional de Salud, ampliando sus capacidades asistenciales y garantizando la equidad en el acceso a los medicamentos. Sin sostenibilidad económica, no hay desarrollo profesional posible.