“El paciente no cambia por ley, hay que acompañar con información y formación”

La tramitación de la nueva Ley de Medicamentos ha despertado un intenso debate en el sector sanitario. Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), su director, Pedro Carrascal, valora positivamente la disposición al diálogo del Ministerio de Sanidad, pero advierte de que el texto actual deja fuera aspectos esenciales si realmente se quiere situar al paciente en el centro del sistema. En esta entrevista con Diariofarma, Carrascal analiza los riesgos de trasladar responsabilidades al paciente sin garantías, el papel que deberían tener las asociaciones en la gobernanza del medicamento y la necesidad de excluir a colectivos vulnerables del copago evitable.

Pregunta. ¿Cuál es la valoración general que hacen desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes sobre el anteproyecto de la nueva Ley del Medicamento?
Respuesta. Consideramos que puede ser una buena oportunidad, pero al mismo tiempo nos genera algunas preocupaciones e incertidumbres. Vivimos un entorno complejo, no solo por la situación sanitaria, sino también por cuestiones geopolíticas y por las estrategias de autonomía sanitaria. Ya veníamos preocupados por aspectos como el desabastecimiento o el impacto en la innovación, y esta ley, en algunos puntos, añade incertidumbres. Nos inquieta especialmente cómo puede afectar a la adherencia de los pacientes, al acceso a los tratamientos y al suministro de medicamentos. Sin embargo, valoramos muy positivamente la interlocución que hemos mantenido con el Ministerio de Sanidad.

P. ¿Esa voluntad de consenso se ha trasladado también al proceso de alegaciones?
R. Sí. Desde el principio se nos ha transmitido que el texto está vivo y que nuestras aportaciones serán tenidas en cuenta. Incluso hemos percibido que, en algunas reuniones, ciertos planteamientos que compartíamos ya se estaban considerando de cara a una redacción definitiva. Es cierto que no tenemos claro hasta qué punto nuestras alegaciones han cambiado el fondo del texto, pero la disposición al diálogo ha sido real. Nos ha sorprendido positivamente que no se nos haya cerrado la puerta a ninguna de nuestras propuestas y que haya voluntad de consenso.

P. Uno de los puntos que han defendido en sus alegaciones es la necesidad de estructurar la participación de los pacientes en la toma de decisiones. ¿Qué plantean exactamente desde la POP en este sentido?
R. Creemos que es fundamental que la participación de los pacientes no se limite a la esfera individual, sino que se reconozca también su papel colectivo, a través de las asociaciones. En el texto legal se menciona al ‘paciente lego’ o individual, pero echamos en falta una referencia más clara y ambiciosa a la participación organizada en los órganos de gobernanza. Hablamos, por ejemplo, de comités de ética, comité asesor de la financiación, consejos farmacoterapéuticos y otros espacios donde se toman decisiones que afectan directamente a las personas.

P. ¿Consideran que este tipo de participación está suficientemente reflejada en el anteproyecto?
R. Creemos que hay una desconexión entre la retórica de una ley centrada en el paciente y los mecanismos reales que permitirían articular esa centralidad. Si realmente se quiere empoderar al paciente, hay que dar un paso más y dotar a sus representantes de un papel concreto en la toma de decisiones y dar pasos en materia de transparencia, capacitación y formación de los pacientes.

P. La ley da pasos hacia el empoderamiento del paciente. ¿Qué valoración hacen sobre la capacidad de elección del paciente?
R. La posibilidad de que el paciente elija entre varios medicamentos puede parecer un avance, pero plantea muchas dudas acerca de la relación médico-paciente. Nos preocupa que se interprete como una delegación de responsabilidad sin asegurar la formación y el acompañamiento necesarios. No todos los pacientes están preparados ni tienen interés en tomar decisiones que tradicionalmente recaían en los profesionales sanitarios. El que se apruebe una ley no significa que al día siguiente el paciente adquiera unos conocimientos que previamente no tenía. El paciente no cambia por ley, hay que acompañar con información y formación.

P. Otra de las novedades es el llamado ‘copago evitable’. ¿Cómo lo ven?
R. Creemos que añade una complejidad innecesaria, especialmente para personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidas o situaciones clínicas delicadas. Tememos que se perciba como un capricho querer mantener la medicación habitual, cuando en realidad responde a criterios de estabilidad, adherencia y calidad de vida. Por eso proponemos que se establezcan excepciones para estos colectivos. El argumento del Ministerio sobre la estabilidad futura del sistema no elimina nuestra preocupación por el impacto en el corto plazo. Aunque los importes sean bajos, pueden generar confusión y afectar a la confianza del paciente. Es necesario implantar mecanismos flexibles, que permitan detectar y corregir problemas en la práctica.

P. ¿Y sobre el modelo de copago en general?
R. Nuestra propuesta no se centra tanto en aliviar la carga del copago desde un punto de vista recaudatorio, sino en establecer exclusiones para determinados grupos de pacientes con necesidades especiales. Más allá de la discapacidad, que ya está contemplada en algunos supuestos, creemos que hay que identificar colectivos como los crónicos complejos y ofrecerles una mayor protección. Creemos que hay personas jóvenes con enfermedades graves, como la esclerosis múltiple, que tienen ingresos pero soportan un coste elevado en productos farmacéuticos. Muchas veces están fuera de los circuitos de protección porque no encajan en las categorías más visibles, como pensionistas, personas con discapacidad, etc, y eso les deja en una situación injusta.

P. El anteproyecto incluye una nueva categoría de medicamentos de “primera prescripción”, que permitiría a algunos pacientes acudir directamente a la farmacia sin pasar por el médico en determinadas situaciones. ¿Qué valoración hacen desde la POP?
R. Este tipo de medidas nos parecen positivas siempre que estén orientadas a facilitar la vida del paciente y no a sustituir sin más la atención sanitaria. Para ciertos perfiles, como pacientes con enfermedades diagnosticadas y tratamientos bien establecidos, puede ser muy útil evitar visitas innecesarias al médico. Pero esto no debe aplicarse de forma indiscriminada. Hay pacientes que, por sus características clínicas o personales, necesitan un seguimiento más estrecho. También hay quienes prefieren mantener la supervisión médica como parte de su proceso terapéutico. Por tanto, creemos que debe ser una opción flexible y adaptada a las necesidades concretas de cada persona.

P. ¿Qué condiciones consideran necesarias para que esta medida sea adecuada?
R. Es fundamental que no se convierta en una puerta abierta a la desatención. Hay pacientes que necesitan control por cuestiones de adherencia, de evolución de la enfermedad o por situaciones sociales delicadas. Por ejemplo, en entornos rurales o en colectivos con dificultades de inserción, puede haber riesgo de pérdida de seguimiento si se reduce el contacto con el sistema sanitario. Lo ideal sería que esta opción esté disponible para quien la necesite o la quiera, pero que no sea obligatoria ni sustituya otros canales asistenciales. Que el paciente tenga capacidad de decidir, con respaldo profesional, y que se le pueda ofrecer siempre una alternativa si no se siente cómodo con esta vía.

P. La ley contempla nuevas figuras de financiación, acelerada, provisional y condicional, para facilitar la incorporación de medicamentos innovadores. ¿Cómo valoran desde la POP esta propuesta?
R. En principio, nos parece una medida muy positiva. Facilitar el acceso temprano a tratamientos innovadores puede tener un gran impacto para muchos pacientes. Pero esto debe enmarcarse en un engranaje más amplio que garantice que esas decisiones no se queden solo en el nivel estatal. Una cosa es que se apruebe una financiación provisional o acelerada, y otra muy distinta es que luego el medicamento esté realmente disponible en todas las comunidades autónomas. Ahí es donde solemos ver grandes diferencias, y por eso insistimos en que la ley debe ir acompañada de mecanismos que aseguren la equidad en el acceso.

P. ¿Consideran que esta medida puede corregir los desequilibrios territoriales actuales?
R. Puede ayudar, pero no es suficiente por sí sola. Vemos constantemente cómo un medicamento aprobado a nivel nacional se encuentra con restricciones posteriores en su aplicación práctica, en función del territorio o incluso del hospital. Es una realidad muy frustrante para los pacientes, que genera desigualdades claras. Por eso, aunque estas nuevas vías de financiación son bienvenidas, es esencial que se acompañen de medidas que impidan una reinterpretación o una paralización en cascada a nivel autonómico. Como pacientes, no nos basta con que un tratamiento esté aprobado si luego no podemos acceder a él en la práctica.

P. ¿Alguna cuestión adicional que les parezca relevante?
R. Hay un tema que nos parece una contradicción importante. Por un lado, la ley dice que quiere empoderar al paciente, darle capacidad de decisión e información, pero, por otro lado, se plantea eliminar elementos informativos fundamentales en el cartonaje, como si un medicamento es un genérico, un biosimilar o de marca. No tiene sentido. Si realmente se quiere dar protagonismo al paciente, hay que dotarlo de herramientas claras y comprensibles. Y eso empieza por saber qué medicamento está tomando. Quitar esa información para evitar que se deje influenciar es tratar al paciente como si no fuera capaz de decidir con criterio.

P. ¿Qué consecuencias podría tener esta falta de información para el paciente?
R. Creemos que puede generar confusión, desconfianza e incluso errores. Hay pacientes que se sienten seguros con un determinado nombre comercial, o que reconocen su medicación por cómo se presenta. Si de repente reciben un envase sin referencias claras, pueden dudar de si es el mismo tratamiento, lo que puede afectar a la adherencia o provocar rechazos injustificados. La ley debería apostar por la transparencia. Si se quiere fomentar decisiones informadas, hay que garantizar que el paciente sepa lo que está tomando. No se puede defender una política de elección y, al mismo tiempo, ocultar información clave.

P. ¿Consideran que el Ministerio de Sanidad está siendo receptivo a las propuestas que han trasladado desde la POP y que se recogerán en el texto aprobado por el Consejo de Ministros?
R. Sí, en general la interlocución ha sido muy buena. Pero has preguntado por el Consejo de Ministros y es algo que nos preocupa. Hay que distinguir entre la voluntad política del Ministerio y lo que luego ocurre en el resto del proceso normativo. No hemos tenido interlocución directa con el Consejo de Ministros, solo con Sanidad. Hay decisiones que pueden escaparse del ámbito estrictamente sanitario y depender de otros equilibrios políticos o presupuestarios. Lo importante es que el texto recoja un amplio consenso y que esté alineado con las necesidades reales del sistema y de los pacientes.